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Canese solicita al Parlasur pronunciarse por el caso Curuguaty exclamando la libertad de campesinos condenados

foto canese parlasur
admin Ninguno junio 15, 2017 - 1:46 pm en Destacados, Noticia C2, Noticias

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Canese solicita al Parlasur pronunciarse por el caso  Curuguaty exclamando la libertad de los campesinos condenados y el castigo a los verdaderos culpables

 

 

 

El Parlamentario del Mercosur, Ricardo Canese, del Frente Guasu, propuso al Parlasur una resolución mediante la cual se declare “presos políticos” a los campesinos condenados por el caso Curuguaty, el cual debe ser considerado como “crimen de lesa humanidad”. Además piden que se inste al Estado paraguayo y la CIDH, inmediatas medidas de libertad y de resarcimiento por los daños causados a las campesinas y campesinos acusados. A la vez, solicitan la investigación y el castigo a los verdaderos culpables.

 

 

La propuesta del Frente Guasu referente al caso Curuguaty, con mesa de entrada en Parlasur MEP/235/2017, fue presentada por Canese tras la ratificación de la sentencia en 2a instancia por parte del Tribunal de Apelación, que afecta a 11 campesinos condenados de 3 a 35 años de prisión. La denominada “Masacre de Curuguaty” ocurrió el 15 de junio del 2012, dejando como trágico saldo el asesinato de 11 campesinos, muchos de ellos ejecutados a sangre fría, y 6 policías. Y fue utilizada como excusa para destituir al Presidente Constitucional de la República del Paraguay, Fernando Lugo.

 

El documento denuncia numerosas violaciones de derechos humanos y procesales, además incluye llamativas contradicciones como la demostrada por la inspección forense de los cuerpos de los policías asesinados, que prueba que los policías fueron ultimados con “armas de grueso calibre”, las cuales no estaban en poder de los campesinos. Como reclama el documento presentado, “la misma Fiscalía ha reconocido en los hechos, al presentar como todo un “arsenal” de los campesinos unas cuantas escopetas viejas, la mayoría de las cuales no funcionaron al momento de probarlas y, lo que es más importante, todas de un reducido calibre que en ningún caso pueden asimilarse a armas de grueso calibre”, tal como sostuvieron numerosos testigos calificados en el juicio oral y público.

 

Además, se reclama que la investigación llevada por el fiscal Jalil Rachid “en forma temerariamente parcialista, no indagó absolutamente nada sobre el asesinato alevoso de 11 campesinos (casi la cantidad doble que la de los policías asesinados), lo que vuelve a todo el juicio en un juicio político, persecutorio del campesinado por reivindicar el derecho constitucional a la tierra y, en cambio, encubre a los sicarios de latifundistas, hayan sido policías uniformados o bandas parapoliciales especialmente contratadas al efecto, los presumibles asesinos de ambos, de policías y campesinos, con armas de grueso calibre”, tal como afirma la propuesta de resolución.

 

Asimismo, se refiere a la designación del fiscal Jalil Rachid, muy cuestionada por las violaciones procesales y por su notoria relación personal con los usurpadores de las tierras en litigio -pertenecientes al Estado paraguayo-, la familia Riquelme, a través de su sociedad comercial Campos Morombi, entonces presidida por Blas N. Riquelme, hoy ya fallecido, ex presidente del Partido Colorado y conocido usurpador de tierras malhabidas durante el stronismo. El Frente Guasu reclama también la burda intervención de Cartes, ya que en el preciso momento en que debían declarar como testigos en el juicio oral numerosos policías que habían participado de los sucesos en Curuguaty, nombró al citado Fiscal como Viceministro de Seguridad Interna.

 

“La sentencia a 35 años de cárcel para Rubén Villalba y de 20 años de cárcel para Luis Olmedo, es en particular aberrante (…) porque a estas dos personas las acusa el Tribunal de Apelación de haber matado al mismo oficial Ever Lovera con una misma escopeta, entre los dos, en base a 4 tiros. ¿Se puede disparar una misma escopeta entre dos personas? Si no fuera trágico, sería risiblemente ridículo”, apunta el documento como un elemento fundamental.

 

Sostiene que el Tribunal ha condenado a Arnaldo Quintana y a Néstor Castro a 18 años de prisión “por haber sido seriamente baleados, no porque hayan matado a nadie, pues no se probó que hayan disparado un sólo tiro”. Así también, se pronuncia por la condena a 6 años de prisión en contra de Lucía Agüero, “cuyo único “delito” fue que, ante la represión combinada de sicarios y fuerzas policiales, buscó correr con su hijo pequeño en brazos y recibió un disparo en la pierna”.

 

Otra grave denuncia incluida, se refiere a los crímenes en contra de Fermín Paredes y Delfín Duarte, los cuales han quedado hasta ahora impunes, “pese a que en el momento de su asesinato estaban heridos en el suelo y hablando por teléfono celular con sus familiares y es en ese preciso momento que sus familiares escuchan los disparos y se acaba la conversación”.

 

La Resolución propuesta califica estos hechos como TERRORISMO DE ESTADO y CRIMEN DE LESA HUMANIDAD, que no prescriben, “pues la acción punitiva fue organizada por el ultra conservador Poder Judicial paraguayo, con grave presunción de complicidad con sicarios especialmente contratados por latifundistas, sean policías o para-policías, pero amparados por quienes actuaron en nombre del Poder Judicial y la Fiscalía en ese momento”

 

Acusa al Poder Judicial paraguayo, de ser “brazo represivo de latifundistas que usurpan 8 millones de hectáreas malhabidas” ya que “en lugar de hacer justicia y recuperar la tierra robada por latifundistas, emite estos aberrantes fallos”, no busca esclarecer quienes cometieron los 17 asesinatos, y además de los 11 campesinos condenados, mantiene la imputación de otros 50 campesinos, que pueden ser detenidos y procesados en cualquier momento, “por el simple hecho de reclamar un derecho constitucional, la tierra, que era pública y gratuita hasta el genocidio, también impune, de la Guerra de la Triple Alianza”.

 

Por esto, a través del parlamentario Ricardo Canese, el Frente Guasu ha propuesto al  Parlasur declarar “perseguidos y presos políticos” a los campesinos presos por el caso conocido como la Masacre de Curuguaty, “exigiendo al Poder Judicial del Paraguay, así como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), inmediatas medidas para la libertad de quienes están como presos políticos desde hace 5 años en forma impune, resarcimiento a las víctimas por todos los daños causados, a más de encomendarles la investigación, juzgamiento y castigo de los verdaderos culpables de tal masacre y de la persecución de los campesinos presos”.

 

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