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El juicio de Curuguaty: UNA INFAMIA MÁS EN EL INFORTUNIO DE PARAGUAY

por Guillermo Verón

OPINIÓN

UNA INFAMIA MÁS EN EL INFORTUNIO DE PARAGUAY
El juicio de Curuguaty

*Carlos Verón De Astrada

 

Una herida más se abrió en el pecho de este sufrido pueblo. Una estocada infame de la brutalidad sin límites, sin solución de continuidad, en la historia de un pueblo signado por el infortunio. Y cuando se habla de pueblo hay que referirse a esa gran mayoría postergada, abusada, hambreada, que es la mayoría de esta sociedad. Ella es principalmente el campesinado pobre que no tiene derecho a vivir, como consecuencia de una concentración obscena de la tierra (tierra en su mayor parte malhabida), en manos de una minúscula pero criminal minoría latifundista.

Ese eslabón mayoritario y más débil, el que esforzadamente tratando de contrarrestar ese brutal muro que separa a los excluidos y olvidados de la minoría terrateniente, es el que debe recurrir desde su precariedad, a realizar ocupaciones para apuntar a constituir asentamientos en la mayor de las veces en tierras extensas –verdaderos territorios- ociosos.

En junio del año 2012, un grupo más de este sector social de excluidos, en el marco de los trámites para legalizar un asentamiento en un predio que pertenece al Estado paraguayo, constatado por ellos mismos desde la documentación obrante en el INDERT, órgano estatal que dice estar abocado al “desarrollo rural”, ocupó pacíficamente el lugar para avanzar en la instalación del asentamiento. De acuerdo a testimonios de ellos, la concreción del asentamiento no tardaría de lograrse.

En ese contexto, un contexto que es absolutamente natural en países de muy mala distribución de la tierra, de excesiva concentración como es rasgo común latinoamericano, en las primeras horas de una mañana de junio del 2012, la comunidad en proceso, es sorprendida por la irrupción abrupta de efectivos policiales fuertemente armados para iniciar lo que ellos llaman un “allanamiento” sin ningún sustento legal, alegando una ocupación irregular de la propiedad privada de Blas Riquelme, un tristemente célebre acolito del tirano Stroessner. Ante la legítima requisitoria de los campesinos de los documentos que avalen la legitimidad de esa supuesta propiedad privada, tuvieron como respuesta una macabra masacre dejando un tendal de muertos, en total 17 de los cuales 6 eran policías y el resto campesinos.

El caso sirvió para montar el vergonzoso llamado “juicio político” para destituir al Pte. Lugo, una semana después de la tragedia.

Lo que ocurre después es de público conocimiento. Lo grave de esta historia, es que los campesinos que sobrevivieron a esa desgracia de muerte y sangre, además de cargar como carne de cañón con el costo para el perverso montaje político que apuntó a quebrar la institucionalidad del Paraguay, fueron el día de ayer lunes 11 de julio, víctimas de una condena criminal de décadas de privación de libertad, después de un largo proceso que nunca pudo relevar prueba alguna que les vincule con delito alguno. Dicho en términos simples, las víctimas pasaron a ser victimarios. Nefasta ecuación de una administración de justicia, que no tuvo el menor cuidado, ni siquiera para pergeñar la impostura , expresada en una condena dictada por una triada de trogloditas que se presentaron como “tribunal de sentencia”.

Una herida más se abrió para este infausto pueblo . El múltiple crimen perpetrado por los poderes formales y fácticos que garantizan este sistema de despojo y hambre, e implementado por sus esbirros más miserables, como fiscales y jueces venales, marcó un capítulo que suma a la triste historia de esta tragicomedia que viene azotando a nuestro pueblo desde el final de la guerra grande. En la condena dictada ayer, que para algunos como Ruben Villalba se equivale prácticamente a una cadena perpetua, porque 35 años para un ser humano de 51 años que además de sobrevivir a la masacre de Curuguaty, soporto dos huelgas de hambre y padece de hipertensión, es condenarle a morir en prisión.

A nadie medianamente sensato le puede caber la menor duda de que el objetivo de esa nefasta triada de jueces, no es sino ocultar la verdad. Dejar impune a los verdaderos responsables morales y materiales de la masacre de Curuguaty, a través de un recurso recurrente en la justicia paraguaya como es, la expiación. Que el juicio a estos mártires campesinos, no es sino parte del plan de quienes por la vía del golpe institucional, usurparon la voluntad popular expresada en las urnas. De los poderes fácticos dominantes como son los dueños de las tierras y del agro-negocio que además de su voracidad insaciable que busca expandir sus tenencias, vio amenazada su dominación.

La infamia de ayer expresada en esa condena, es de esperar, sea el toque que promueva una reacción popular fuerte. Y si esa reacción fuerte tuviera que desembocar en un estallido social, pues que así sea, para salvar la integridad y la dignidad de nuestra patria.

*Miembro de la Secretaría de Relaciones Internacionales del Frente Guasu

Boletín de Relaciones Internacionales del Mes de JUNIO 2016

por Guillermo Verón

 

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Boletín de Relaciones Internacionales del Mes de JUNIO 2016

 

Como todo los meses, desde la Secretaría de Relaciones Internacionales del Frente Guasu ponemos a disposición de Ustedes, el boletín informativo internacional número 24, correspondiente al mes de JUNIO de 2016. El mismo abarca los acontecimientos y temas más relevantes de la situación política, social y económica de nuestro país.

 

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Ante la inminente sentencia del caso Curuguaty

por Guillermo Verón

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Ante la inminente sentencia del caso Curuguaty

Después de un largo juicio a todas luces amañado, está llegando a su fase de definición el conocido como “Caso Curuguaty”. Si bien es cierto  que  la historia de la administración de justicia en el Paraguay, está plagada de atropellos de todo tipo a derechos básicos de los ciudadanos, probablemente este sea el más grotesco y aberrante en términos de procedimiento para un caso penal.

A todas luces, el Ministerio Público, que constitucionalmente tiene como rol ser representante de la sociedad en delitos de acción penal pública y  por lo tanto  regirse por la objetividad, está, en el juicio referido quebrantando flagrantemente su función. La observación más ligera y elemental que pudiera provenir no necesariamente del ámbito del derecho, constata que el Ministerio Público está jugando un papel que tiene por claro propósito castigar a compatriotas inocentes para ocultar la verdad de lo ocurrido  en junio de 2012 en Curuguaty , que además de sacrificar vidas humanas, derivó en la vergonzosa farsa a la que se dio en llamar “juicio Político”, al sólo efecto de destituir al Pte. Constitucional del Paraguay, Fernando Lugo.

La primera aberrante falencia se da en que sólo el fallecimiento de los seis policías en el hecho, es objeto de juicio, obviando la muerte de 11 campesinos.

A ello se suma la total carencia de pruebas que vinculen en una clara conexión causal a los campesinos hoy imputados, con el delito en cuestión. Un proceso que desde el relevamiento de las pruebas periciales, pasando por las testificales y documentales, obviando elementos de prueba contundentes que fueron de dominio público, descalifican de forma categórica el rol del Ministerio Público en el proceso.

Desde esa perspectiva, la Administración de justicia que tiene que dar el fallo el próximo lunes 11 de julio en el caso, está en el insoslayable compromiso, tanto para la sociedad paraguaya, como para la calificación que vaya a tener en el concierto internacional dada la repercusión que alcanzó, no sólo en su dimensión jurídica, sino política, de dar una sentencia ajustada a derecho.

La región y el mundo entero, acompañan al pueblo paraguayo en esta causa humanitaria.

El Frente Guasu, atento al desenlace de este proceso, hace un llamado a la sensatez jurídica a la administración de justicia, y al mismo tiempo,, llama a la ciudadanía local e internacional a cerrar filas para impedir el crimen que se propone el Ministerio público con los compatriotas campesinos inocentes que hoy están siendo juzgados. Asimismo exigimos que el Estado paraguayo se aboque a la investigación de los hechos de junio del 2012, que costaron la vida de 17 compatriotas para derivar en el quebrantamiento de la voluntad popular en Paraguay.

¡Por la absolución plena de los luchadores campesinos injustamente juzgados!

Frente Guasu

Asunción, 6 de julio de 2016

El rumbo de Cartes no da respuestas a demandas de la sociedad paraguaya

por Guillermo Verón

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El rumbo de Cartes no da respuestas a demandas de la sociedad paraguaya

Pronunciamiento del FG sobre el informe de gestión presentado por el Pdte. Horacio Cartes ante el Congreso Nacional

Como fuerza política, venimos denunciando desde el inicio, las mentiras del Gobierno de Horacio Cartes, en cuanto a su gestión para mejorar la economía del país. Pero, lejos de corregir su política de endeudamiento -a través de los bonos soberanos-, mantiene el déficit fiscal e incluso pone en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas ante la ausencia de una política tributaria seria, que permita otras formas de ingreso menos comprometedoras para las futuras generaciones.

En su tercer año de mandato, Cartes no hizo mención a la forzada APP (Alianza Público Privada), lo cual demuestra el fracaso de su plan maestro para la captación de inversiones extranjeras y la movilidad económica a través del empleo. Esto confirma la veracidad de las denuncias que hemos venido haciendo como FG, desde, incluso, antes de la aprobación de la ley.

En un contradictorio discurso, hablo de la lucha contra la corrupción, olvidando que esta semana promulgó la cuestionada ley de Tape Pora, que involucra a su ministro del MOPC, Ramón Jiménez Gaona, y al padre de este, en una discutida e irregular adjudicación. Jiménez Gaona, es además, el ministro responsable, de la caótica situación del Pilcomayo, tema que fue minimizado por Cartes durante su presentación.

Hablo de transparencia pero no hizo mención a la inseguridad, los hechos de corrupción que involucran a la Policía Nacional ni el crecimiento del poder del narcotráfico.

El desabastecimiento en los hospitales, contradice la versión oficial de la supuesta duplicación en la provisión de medicamentos y confirma la falta de una política de inversión real que garantice asistencia a los sectores desprotegidos.

Este escenario de potencial descomposición social, con un presidente que acerca datos poco confiables en el informe oficial, que mantiene a ministros a pesar de la falta de gestión, que pretende consolidar la concentración de poderes en su persona, que mantiene el privilegio a algunos de sus operadores políticos y permite la aparición de hurreros en actos oficiales, demuestra el retroceso en el que estamos sometidos como país, ante peligrosas prácticas que deberían ser corregidas.

Como Frente Guasu, nos reafirmamos en el compromiso de habilitar espacios de diálogo con todos los sectores democráticos que estén convencidos de la importancia de retomar el camino de la construcción de un Paraguay digno, socialmente justo, y productivo económicamente para el beneficio de todos y todas.

Asunción, 1 de julio de 2016

Resoluciones Finales del Congreso Nacional del Frente Guasu

por Guillermo Verón

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Resoluciones Finales del
Congreso Nacional del FG

“Unidos en marcha hacia un Paraguay para todos y todas”

 

Con el nombre “Por un Paraguay para todos y todas” se realizó hoy el Congreso Nacional 2016 del Frente Guasu, en Asunción.

Del acto de inauguración participaron más de 1.200 delegados, integrantes de los distintos partidos miembros de la concertación, además de invitados internacionales e integrantes de diversas organizaciones fraternas.

Fernando Lugo,  saludo a la Mesa de Presidentes y al Congreso Nacional del FG “El Frente Guasu no vino a hacer exhibicionismo en la política paraguaya, vino para quedarse y transformar nuestra historia, para soñar y pensar en una patria nueva”

“Estamos mejor que en el 2008, estamos mejor que en el 2012 y el 2015; en el 2018 seremos nuevamente gobierno, muchas cosas hicimos bien”

Lugo hizo además un llamado a la unidad de todos los sectores políticos y sociales.

Audio saludo de Lugo:

https://www.facebook.com/FrenteGuasuPy/videos/1061396547273683/

RESOLUCIONES DEL ACTA DE ACUERDO POLITICO, FUERON RATIFICADAS EN EL CONGRESO

Con la presencia de más de 1.200 delegados de los distintos partidos, que forman parte de la Concertación Frente Guasu (FG), se realizó la ratificación del documento de acuerdo político, que incluyó los siguientes puntos:

En cuanto a su línea política mantener el carácter unitario y de articulación de partidos y movimientos políticos de carácter democrático, patriótico, popular y antiimperialista, que defiendan un modelo de Estado Garante de Derechos e Integrador de toda la Sociedad.

Como principios de la organización política: la libertad, la democracia participativa y la plena vigencia de los DDHH. La transparencia y  honestidad en el manejo interno y de la cosa pública. El Estado Social de Derecho, la justicia social, la democratización del poder económico y la distribución equitativa de la riqueza. La soberanía nacional y la integración latinoamericana.

Los Ejes Programáticos están sostenidos principalmente en 18 puntos que fueron desarrollados en el documento: Modelo de desarrollo independiente e integracionista; Política tributaria progresiva; Políticas de Derechos Humanos en lo económico social; Educación liberadora y de calidad para todos/as; Reforma agraria integral como base de un proceso de industrialización; Reparación histórica a favor de los pueblos indígenas; Soberanía alimentaria; Soberanía energética y sobre recursos naturales; Recuperar la visión multidimensional del territorio y el medio ambiente; Ampliación del rol del Estado en empresas públicas estratégicas y en obras de infraestructura; Democracia participativa y respeto a derechos humanos; Política exterior de soberanía e integración, Seguridad pública para todos/as; Fuerzas Armadas al servicio de los objetivos estratégicos de soberanía; No al endeudamiento que genera dependencia; Fomento de la cultura; particularmente la nacional, en un marco pluricultural; Reformar enteramente el Poder Judicial y las cárceles; Pluralizar y transparentar la Justicia Electoral.

En cuanto al consenso de Funcionamiento del FG, se definió que dentro de la estructura, sea la Mesa de Presidentes, la máxima autoridad. Estará representada por los partidos o movimientos políticos que formen parte de la concertación.

Así mismo  se definieron criterios para la conformación de Concertación o Alianza mucho más amplia que el FG.

En cuanto a la candidatura de Fernando Lugo, el FG promoverá un amplio encuentro y diálogo atendiendo que es un clamor popular.

Canese presenta al PARLASUR denuncia de graves violaciones de derechos humanos en el caso Curuguaty

por Guillermo Verón

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Canese presenta al PARLASUR denuncia de graves violaciones de derechos humanos en el caso Curuguaty

 

El día 20 de junio, el parlamentario Ricardo Canese, representante de Paraguay en el Mercosur por el Frente Guasu, presentó por mesa de entrada, la “DENUNCIA DE GRAVES VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS, del caso CURUGUATY”, elaborada por los abogados defensores  y las víctimas.

Con número de entrada N° MEP/298/2016 PARLASUR, dicha denuncia tuvo entrada en la sesión ordinaria del Parlasur.

En el pleno de la instancia regional, Ricardo Canese se hará eco de esta importante presentación elaborada por los abogados defensores Amelio Sisco, Pablo Aguayo y Albino Ramírez en conjunto con los campesinos acusados.

CASO CURUGUATY

El juicio oral de Curuguaty se refiere al enfrentamiento entre policías y campesinos ocurrido el 15 de junio del 2012 que desembocó en la muerte de 11 campesinos y 6 policías, y que fuera el argumento principal del juicio político que destituyó al entonces presidente, Fernando Lugo.

Actualmente el juicio atraviesa su etapa final y desde su inicio ha estado plagado de graves irregularidades y de violaciones de una treintena de derechos. Desde la introducción de pruebas desconocidas por la defensa y el ocultamiento de otras, llamativas contradicciones por parte de los testigos y de la Fiscalía acusadora hasta su alegato final.

Los campesinos querellados son Juan Tillería, Alcides Ramírez, Luis Olmedo, Lucía Agüero, María Fani Olmedo, Dolores López, Néstor Castro Benítez, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Felipe Benítez, Felipe Nery Urbina y Rubén Villalba. Sobre este último, por su trayectoria de militancia en la lucha por la tierra, recaen con mayor saña todas las medidas arbitrarias y la mayor condena de la historia del país, exigida por los fiscales acusadores Liliana Alcaraz,Nelson Ruiz y Juan Leonardi Guerrero.

Los campesinos han sido acusados por invasión de inmueble, asociación criminal y homicidio doloso en grado de tentativa. Sin ninguna prueba que sostenga legalmente su acusación, la Fiscalía ha pedido de 8 a 40 años de cárcel.

NO HUBO INVASIÓN DE INMUEBLE

La masacre ocurrió en las tierras públicas conocidas como “Marina Kue”, usurpadas hasta hoy por la empresa Campos Morombí de la familia Riquelme, cuyo principal propietario, Blas N, fue presidente del Partido colorado y parte de los primeros anillos del stronismo, además de haber sido declarado por la Comisión de Verdad y Justicia en su Informe Final del 2008, como usurpador de tierras malhabidas. Marina Kue fue destinada por decreto presidencial como “objeto de la reforma agraria” en el año 2004. Los Riquelme hasta hoy no poseen ningún título de dichas tierras.

La propia Fiscalía en su alegato final reconoció que estas tierras son públicas.

NO HUBO ASOCIACIÓN CRIMINAL

Los campesinos estaban organizados en una Comisión vecinal denominada “Naranja Ty”, reconocida por el propio Estado a través del Instituto Nacional de Desarrollo de la Tierra (INDERT) desde hace 12 años.

En el momento de la ocupación se encontraban en litigio denunciando a Campos Morombí por usurpación de tierras públicas designadas a la Reforma Agraria.

NO HAY PRUEBAS 

La Fiscalía ha pedido la máxima pena de la historia nacional sin haber establecido de forma concreta y específica quién ni cómo disparó ni uno solo de los 12 acusados.

Se ocultaron casquillos de balas, el video del helicóptero policial y del Ministerio del Interior, no se realizó autopsias a los muertos, el Tribunal negó la necropsia y la Fiscalía declaró que se “perdieron radiografías”, en medio de declaraciones contradictorias de los propios forenses.

El fiscal que inició la acusación, Jalil Rachid, amigo personal de la familia Riquelme, y hoy Viceministro de Seguridad de Cartes, afirma que no se puede probar quién disparó a los policías.

ACUSACIÓN FISCAL SIN ASIDERO

La acusación sostiene que los 50 campesinos -hombres, mujeres, ancianos y niños- “emboscaron” a 324 efectivos policiales del Grupo Especial de Operaciones (GEO), la Fuerza de Operaciones de la Policía Especializada (FOPE), Antimotines y Montada, sin poder explicar semejante operación para llevar a cabo una simple orden de allanamiento, ni siquiera de desalojo.

Además, el organismo estatal reconoció que la policía sobrevoló la zona ubicando a los ocupantes horas antes.  Además, la fiscala Alcaraz reiteró en su argumentación final que días antes del enfrentamiento, el principal acusado, Rubén Villalba, había trasmitido al comandante policial durante una conversación telefónica, que resistirían en “Marina Kue” hasta las últimas consecuencias.

En su alegato final, los fiscales emitieron una grave afirmación: los campesinos asesinados murieron a causa de disparos “de armas de uso reglamentario policial”. Sin embargo, ni una sola muerte campesina ha sido investigada. Es más, de manera fabulosa e incoherente, el Ministerio Público ha sostenido hasta el final que los 324 policías fueron sin armas.

EN LA MIRA DEL MUNDO ENTERO

El 15 de junio, el Senado Boliviano emitió una declaración exhortando a las autoridades nacionales a la realización de un juicio justo y el respeto al debido proceso de las once campesinas y campesinos de nCuruguaty detenidos y enjuiciados arbitrariamente.

El  21 de junio, el parlasuriano por el FG, Ricardo Canese, defendió en el pleno del PARLASUR, la denuncia hecha por la defensa y los acusados sobre las graves violaciones de derechos humanos que han caracterizado el caso.

A finales de este mes el Estado paraguayo deberá responder a los requerimientos de los gobiernos de Alemania y EEUU sobre el caso Curuguaty en el Comité de DDHH de la ONU.

Una campaña a nivel mundial en la que se han incluido numerosas personalidades nacionales e internacionales y cientos de personas del sector civil, reclama la absolución de los acusados, el esclarecimiento del caso y el castigo a los verdaderos culpables del asesinato de los 11 campesinos y 6 policías.

  

SECRETARÍA DE RELACIONES INTERNACIONALES / FRENTE GUASU

rrii@frenteguasu.org.py

 

FG presenta al PARLASUR Proyecto de Resolución sobre violación de DDHH a 100.000 personas damnificadas

por Guillermo Verón

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Frente Guasu presenta al PARLASUR Proyecto de Resolución sobre violación de derechos humanos a 100.000 personas damnificadas de los Bañados de Asunción

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Boletín de Relaciones Internacionales del Mes de MAYO 2016

por Guillermo Verón

Como todo los meses, desde la Secretaría de Relaciones Internacionales del Frente Guasu ponemos a disposición de Ustedes, el boletín informativo internacional número 23, correspondiente al mes de MAYO de 2016. El mismo abarca los acontecimientos y temas más relevantes de la situación política, social y económica de nuestro país.

 

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El FG rechaza nuevamente concesión irregular de la ruta VII al consorcio Tapé Porã

por admin

En el día de hoy en la Cámara de Senadores, pese a la ausencia de las bancadas del UNACE y PLRA (con excepción de los Senadores Amarilla y Alfaro), y antes de que el oficialismo cartista de la ANR dejara sin quórum la sesión, los senadores presentes lograron rectificar el acta de votación de la sesión anterior, que de manera irregular ampliaba el plazo de concesión de la ruta VII a la empresa Tapé Porã hasta el año 2053. Situación que significaba un negociado multimillonario a costas del pueblo paraguayo.

La discusión y votación de este tema deberá tratarse nuevamente en la sesión de la Cámara de Senadores de este jueves.

En esta sesión extraordinaria de hoy, nuestros legisladores dejaron firme su posición de rechazar una concesión que a todas luces es irregular y que atenta contra nuestra Constitución Nacional, entregando nuestra soberanía.

En el tratamiento de este tema, no es un dato menor que el padre del actual Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, sea directivo de una empresa que forma parte del Consorcio Tape Porã.

Con la aprobación de una concesión irregular el gobierno de Horacio Cartes y sus aliados en el Congreso Nacional, estarían violentando nuevamente nuestra Constitución Nacional.

Toda la ciudadanía debe estar atenta ante un nuevo intento de negociado multimillonario que pretende gestarse a espaldas del pueblo.

Los legisladores de las distintas bancadas deberán decidir en la sesión ordinaria de este jueves si votan a favor de los intereses de un consorcio empresarial, o favor de los intereses de nuestro país.

Frente Guasu

Asunción, 31 de mayo de 2016

PARLASUR dio entrada a proyectos presentados por el FG respecto a caso de Censura y persecución sindical en Paraguay

por admin

Ricardo Canese, realizó hoy en Montevideo, Uruguay, la presentación de proyectos que hacen referencia al caso de censura y amenaza a libertad de prensa contra periodistas del Diario “La Nación”, propiedad del Pdte. paraguayo Horacio Cartes, y sobre la preocupante situación de violación de los derechos laborales y sindicales en el país.

La violación del derecho de libertad de expresión en el Paraguay  

En el proyecto que hace referencia al caso del Diario “La Nación”, se denuncia la censura a una investigación periodística que se dio en este medio y se recomienda a la Comisión de Derechos Humanos del Parlasur la realización de una visita a Paraguay, para dialogar con representantes del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), con los periodistas afectados por la censura y con la misma directora del diario La Nación, Sarah Cartes, así como con el Presidente Horacio Cartes a fin de interiorizarse del tema e informar al pleno del Parlasur, para que éste pueda adoptar las medidas que correspondan.

Recientemente el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) rechazó los abusos de poder cometidos por las patronales y advirtió que este tipo de actos de censura deben ser un toque de alerta ante la manera en que los empresarios de comunicación diariamente omiten y restringen información a la opinión pública de acuerdo a su conveniencia. 

Violación de la libertad sindical por parte del Gobierno paraguayo

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En el proyecto de declaración que se refiere a las graves denuncias de atropellos a la liberad sindical en el país, el Parlasuriano Ricardo Canese, propone la realización de una Audiencia Pública en la capital paraguaya, donde participen las organizaciones sindicales afectadas como también representantes del gobierno a fin de realizar un descargo sobre el tema.

En la misma presentación se enumeran denuncias por la falta de reconocimiento de numerosos sindicatos por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), como también a la persecución sindical, cuya evidencia más clara puede notarse en el caso de los 51  trabajadores de la empresa de la Línea 49, que fueron despedidos tras intentar constituir un sindicato. Así como el caso de los 3 trabajadores aeroportuarios, con fuero sindical,  que fueron despedidos tras la realización de una huelga que fue impulsada por la Coordinadora Sindical de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac). Los mismos fueron desvinculados aún cuando ese hecho demostraba la violación derechos laborales y sindicales de la legislación laboral vigente, la Constitución Nacional y los Convenios Internacionales.

En el mismo sentido se hace notar el caso de los dirigentes sindicales y trabajadores de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay Sindicato Nacional (OTEP SN) que vienen denunciando persecución sindical. Los mismos denuncian descuentos arbitrarios e injustificados de salarios a quienes ejercieron el derecho laboral de ir a huelga y participar de movilizaciones. Además de la eliminación de la jornada sindical como espacio de participación democrática de los trabajadores de la educación, que permitía la reunión mensual en asambleas para discutir sus intereses. Una situación similar afecta a otros gremios, como la Federación de Educadores del Paraguay (FEP). También el caso de los trabajadores del Instituto de Previsión Social (IPS) y el de la Liga de Obreros Marítimos del Paraguay.

AS/23/05/2016