Pueblo Frente Guasu
/ Curuguaty

La Masacre de Curuguaty:
síntesis de la lucha por la tierra en el Paraguay

 

Se conoce como “Masacre de Curuguaty” al enfrentamiento entre campesinos y policías del 15 de junio de 2012, que dejó como saldo 17 personas muertas, 11 campesinos y 6 policías, más el posterior asesinato del campesino Vidal Vega, quien fuera testigo clave. Fue además la principal acusación de la farsa golpista de Juicio Político llevada adelante por el Parlamento y la oligarquía paraguaya días después contra el entonces Presidente constitucional Fernando Lugo, que en las elecciones del 2008 derrotó al conservador Partido colorado que gobernó al Paraguay por 61 años consecutivos (35 años de tiranía militar de por medio).

Actualmente, están procesados por la muerte de los 6 policías, 14 campesinos, 12 de los cuales soportan prisión domiciliaria luego de un largo y nebuloso calvario judicial y de varias huelgas de hambre; uno, Rubén Villalba, se encuentra preso hasta hoy en la cárcel de Tacumbú, desde hace más de dos años de “prisión preventiva”, el triple del límite estipulado para esta figura judicial; y una adolescente RRVO, espera juicio oral con medidas alternativas a la prisión. Existen pruebas de que al menos 7 de los campesinos asesinados fueron ejecutados por la policía luego del tiroteo. No existe investigación ni acusación abierta por el Estado por ni una sola de las 11 muertes campesinas.

El 15 de junio del 2012 un comando de más de 300 efectivos policiales de élite y antimotines armados con fusiles automáticos, granadas, chalecos antibalas y con el apoyo de ambulancias, fotógrafos y un helicóptero arremetió contra una treintena de campesinos instalados en carpas precarias, entre ellos enfermos, niños y bebés. En este escenario es que fueron asesinados los 11 campesinos y 6 policías.

Esta masacre, se desarrolló en un campamento de sintierras que reivindicaba 2000 hectáreas de las tierras conocidas como “Marina Kue”  en el departamento de Canindeyú, al norte del país. Estas tierras antiguamente pertenecían a la empresa “La Industrial Paraguaya” y fueron cedidas al Estado paraguayo, que las destinó a la Reforma Agraria durante el gobierno colorado de Nicanor Duarte Frutos. Al momento de la Masacre -y hasta la actualidad- estas tierras estaban siendo usurpadas por la empresa Campos Morombí, propiedad del político y ex senador colorado Blas N. Riquelme, que a su vez, las arrendaba a una empresa brasilera para el cultivo ilegal de soja transgénica. El Informe de la Comisión de Verdad y Justicia* (CVJ) señala que durante la tiranía stronista “Blas N. Riquelme se adjudicó en forma fraudulenta tierras destinadas para la reforma agraria, por interpósita persona, cuando ya era propietario de tierras rurales.” [Páginas 37 al 39 del Tomo IV del informe de la CVJ][1].

En el año 2005, la empresa Campos Morombí S.A.C. y A. inicia una demanda por Usucapión contra La Industrial Paraguaya S.A., en relación al inmueble que dicha firma había donado a la Armada Paraguaya en el año 1967. En diciembre del mismo año el Juez Carlos Goiburú dictaminó a favor de Campos Morombí.

Pero el dudoso triunfo de la empresa de Blas N. Riquelme se encontraría aún más empantanado, pues el juicio de Usucapión se “había ganado” con un número de finca que no correspondía a la tierra de Marina Kue, sino a otro inmueble. Años despúes, Víctor Peña Gamba (abogado de Campos Morombí) solicitó al juzgado la “rectificación” del número de finca operante en la resolución judicial de dicha sentencia.

En cualquier procedimiento, esta petición debía haber sido rechazada, pues la figura de la ‘rectificación’ no existe en el sistema jurídico paraguayo. Sin embargo, otro magistrado, el juez penal José Benítez -quien posteriormente sería el juez del caso: “La Masacre de Curuguaty”- el 29 de junio de 2009, interinando al juez Carlos Goiburú, resolvió hacer lugar a la “rectificación” planteada. O sea, modificó groseramente la Sentencia que se encontraba firme desde hacía casi tres años, otorgando una individualización distinta al inmueble, favoreciendo así a Campos Morombi.

Sin embargo, hasta el día de hoy, dichas tierras están inscriptas a nombre de La Industrial Paraguaya S.A. (LIPSA), la sociedad que las había donado al Estado paraguayo.

La Acusación fiscal señala que unos pocos campesinos ‘emboscaron’ a policías que llevaban a cabo un procedimiento de allanamiento, en la tierra conocida como Marina Kue. Campos Morombí había presentado una denuncia por invasión de inmueble ajeno y otros supuestos hechos punibles, solicitaban en carácter de propietarios: “auxilio judicial y desalojo”.

Según esta acusación, unos 35 campesinos en condiciones precarias de hambre y frío, entre ellos, bebés de meses y personas enfermas, operaban supuestamente para matar  a 300 policías, equipados con helicóptero, camionetas, armas automáticas, fusiles de asalto, chalecos antibalas, caballos, pistolas, tonfas, granadas, gases lacrimógenos, escudos, cascos, escopetas semi automáticas, etc.

Luego de la masacre, los medios de comunicación generaron un clima apocalíptico que fue la cortina de humo para que el Poder Judicial iniciara una investigación inquisidora, fuera de todo derecho, contra los campesinos sobrevivientes de la masacre. Imputó a decenas de campesinos y encarceló a más de una docena. El proceso judicial no ha investigado siquiera a un solo policía por las ejecuciones, detenciones arbitrarias y torturas que se practicaron contra los campesinos y que fueron debidamente documentadas y denunciadas por abogados y organismos de DDHH.

En el proceso han sido tomadas de forma exclusiva las evidencias que buscan robustecer los cargos en contra de los campesinos procesados. Habiendo sido omitidos todos los planteamientos y denuncias presentados por la defensa. Se han producido ocultamiento e inclusión ilegal de pruebas, el fiscal ha ignorado diligenciamientos requeridos por la defensa, evitando de este modo, toda línea de investigación que pudiera haber llevado a otra conclusión; a una conclusión distinta a la que la fiscalía pretende instalar contra toda lógica, contra el más elemental sentido común y contra todo el derecho aplicable.

El 16 de diciembre de 2012, fecha de la presentación de la Acusación pública, el agente fiscal Jalil Rachid acusó, entre otros, a once de los 14 procesados, a nueve de ellos por los tipos penales de Homicidio doloso en grado de tentativa, Invasión de imueble ajeno y Asociación criminal; y dos de ellos por: Invasión de imueble ajeno y Asociación criminal. Este fiscal -Jalil Rachid- fue recusado por la defensa por mantener relaciones cercanas con la nieta de Blas N. Riquelme.

La defensa ha presentado once planteamientos de impugnación de actos y nulidades producidas durante el proceso, además de las pruebas de parte, por los procesados.

En el extenso escrito de acusación de la fiscalía, en el relato de los hechos, se habla de uno solo de los procesados en dos o tres oportunidades, de los demás nunca. La Acusación no dice de que modo han participado los demás, no hay referencias del lugar que ocupaban durante el desarrollo de los hechos; no se establece con la claridad que exige la Ley, de qué modo han participado los 10, que aparecen solo al final de la acusación en un confuso y enmarañado texto. Es decir, la defensa no puede saber de qué tiene que defender a estos procesados.

La audiencia preliminar, la etapa previa al juicio, hizo pública de manera vergonzosa la gravedad y brusquedad con que se quebrantó la ley.

En los escritos de la Acusación del agente fiscal, no aparece la descripción, mucho menos el detalle de las pruebas acusatorias, sino en su lugar, un breve listado del supuesto contenido de tres cajas cerradas, cuya especificación simplemente se da a partir de cifras alfanuméricas, contrariando lo que exige la Ley. Ante la oposición tenaz de la defensa por esta infracción, la Jueza de Garantías, Janine Ríos, establece entonces que para “depurar este error del Ministerio Público” (esto está grabado por todos los medios de comunicación), en una siguiente jornada ordenaría abrir las cajas para que dar conocimiento a su contenido; pues la acusación se había presentado más de seis meses atrás de la audiencia, y ni la defensa, ni los procesados conocían la existencia de las cajas cerradas. La audiencia que llevaba casi un mes, se convertía en un acto tragicómico.

Cuando ‘aparecen’ las cajas en la sala de audiencias para su apertura y exhibición, la gran sorpresa fue siniestra hasta para la misma jueza; las cajas resultaron no ser tres, sino nueve, y todas con contenido completamente desconocido, con el mismo sistema de listado alfanumérico. La jueza comenzó a prohibir arbitrariamente la entrada del público a la sala de audiencia. Los medios de comunicación comerciales, fieles a su labor de criminalización de las luchas campesinas y sin condiciones para hacerlo, dejaron de comentar la audiencia.

Por otro lado, el hecho punible de “Invasión de inmueble ajeno” previsto en el Art. 142 del Código Penal, atribuído por la acusación resulta inviable por una razón muy simple que ya hemos mencionado anteriormente, la empresa Campos Morombí de Blas N. Riquelme, no es ‘titular’ de las tierras de Marina Kue, por lo tanto no tiene y nunca tuvo derecho a autorizar ni desautorizar asunto alguno en estas tierras. Este Incidente de Prejudicialidad denunciado por la defensa fue rechazado. Es más, el representante del Ministerio Público invierte la interpretación de este artículo de la Ley, diciendo que los campesinos no tenían autorización para estar allí, por lo tanto, “son invasores”, violando el principio elemental de presunción de inocencia.

En la actualidad, los campesinos, con nueva defensa técnica, aguardan la continuidad del interrumpido Juicio Oral para mañana miércoles 2 de setiembre. Más de 25 artículos del Código Penal y del Código Procesal Penal Paraguayo han sido violados a los largo del proceso judicial.

Las tierras públicas de Marina kue siguen en litigio en la Corte Suprema de Justicia, continúa la ilegal usurpación por parte de la empresa Campos Morombí, el campamento de dignidad montado desde los días posteriores a la masacre por sintierras y familiares de víctimas al costado de la ruta X, cerca de Marina Kue, resistió hasta mediados del 2014.

Los campesinos procesados han soportado un proceso judicial completamente viciado de nulidad que ha atropellado principios básicos de cualquier Estado de derecho como hemos expuesto, desde la presunción de inocencia, hasta el derecho a la defensa y el debido proceso. La “justicia” ha intentado –rayando lo insólito y el ridículo- por todos los medios inculpar a los campesinos acusados, no solo introduciendo ilegalmente pruebas sino considerando como tales incluso a “un rollo de papel higiénico, un cuaderno escolar y una cédula de identidad”.

De 13 procesados que habían sido recluidos en penitenciarías, 12 han conseguido prisión domiciliaria, 5 de los cuales fueron sometidos a prisión preventiva por casi dos años superando tres veces el máximo asignado para tal efecto.

La medida de prisión domiciliaria fue conseguida en abril del 2014 mediante prolongadas huelgas de hambre, la última -de 58 días- finalizó con la obtención de la prisión domiciliaria para Néstor Castro, Adalberto Castro, Felipe Benítez, Arnaldo Quintana y Rubén Villalba, sin embargo, este último, acusado falsamente por la fiscalía de ser el ideólogo y organizador de una  “emboscada” a la policía, fue detenido nuevamente en la ruta camino a su casa, el mismo día de su liberación en la ciudad de Curuguaty. Esta detención es realizada en virtud a una nueva orden de captura dictada por el juzgado de dicha localidad por una causa penal antigua (2008) ya extinta, en la que se acusó a Rubén Villalba por el delito de coacción, en el marco de la defensa que una comunidad campesina denominada “Pindó” realizaba ante el avance de las fumigaciones de agrotóxicos en su escuela, tanque de agua y tierras comunitarias, perpetrado por terratenientes brasileros de la zona.

La primera huelga de hambre concluyó en noviembre de 2012 con el otorgamiento de prisión domiciliaria para Juan Carlos Tillería, Lucía Agüero, Alcides Ramírez y Luis Olmedo luego de casi 60 días de huelga de los mismos. La segunda, realizada por Néstor Castro y Rubén Villalba, concluyó en marzo del 2013 con el otorgamiento de la prisión domiciliaria a Fani Olmedo y Dolores López que en ese momento se encontraban presas con avanzado estado de embarazo ambas. La  tercera huelga de hambre, llevada adelante por Néstor Castro y Rubén Villaba por 51 y 53 días respectivamente logró también la remoción de la causa del Juez José Dolores Benítez, recusado y denunciado ante el Ministerio Público por prevaricato.

La lucha por la libertad de todos los presos políticos de la masacre de Curuguaty y la recuperación de las tierras malhabidas de Marina Kue no cesa. El amplio movimiento nacional e internacional de solidaridad con la causa ha demostrado a gran parte de la población que esas tierras son del Estado paraguayo, y que los campesinos son doblemente víctimas: de las balas y del poder judicial corrupto.

La causa ha llegado hasta la ONU y la Comisión Interamericana de DDHH. Incontables manifestaciones de solidaridad se han sucedido a lo largo de estos años en varias ciudades de nuestro país y el mundo. No obstante, es muy importante redoblar esfuerzos a nivel internacional, sobre todo porque actualmente se siguen violando los DDHH de campesinos y campesinas que siguen siendo asesinados, reprimidos, encarcelados por exigir justicia, tierra y libertad.

En febrero del 2014, familiares de los campesinos asesinados en Curuguaty, miembros de la Comisión de Víctimas de la Masacre fueron imputados por un fiscal de la zona servil a los intereses sojeros y mafiosos en una nueva demostración de injusticia y arbitrariedad judicial contra los campesinos y campesinas de Curuguaty. Rubén Villalba continua injustamente tras las rejas en el penal de Tacumbú en “prisión preventiva” desde hace tres años. La masacre continúa.

La doctrina, la Ley y la jurisprudencia dicen que si existe tentativa, no hay hecho consumado; así, si hay hecho de muerte no puede haber tentativa. Ambas figuras no pueden coexistir en el mismo autor.  Los campesinos procesados están acusados por Homicidio doloso en grado de tentativa; significa por lo tanto, que no han matado a nadie.

¿Qué pasó en Curuguaty? La respuesta es muy simple: Nunca lo sabremos, pues no se han investigado las muertes. En esta causa no se va a conocer a los responsables de las 18  muertes. El agente Fiscal pretende, por decisión corporativa,  que estos campesinos sean condenados sin pruebas, en un juicio repleto de irregularidades. Ésta es solo una simulación de proceso judicial, para ‘cumplir’ con formalidades legales; algo así como una puesta en escena de un proceso en el que todas y todos sabemos, existe desde el principio una condena cantada, una sentencia previa. Lo que se castiga es la lucha por la tierra.

 Material elaborado por la Secretaría de Relaciones Internacionales del Frente Guasu